La decisión no cayó del cielo. Es el resultado de un entramado político, empresarial y diplomático silencioso, diseñado para avanzar sobre una sociedad que, una vez más, dice que no.

Qué implica la minería de cobre y por qué genera resistencia

El proyecto Cobre Mendocino —ubicado a 37 km de Uspallata— promete extraer 40.000 toneladas anuales de cobre fino durante 16 años, mediante un proceso de flotación que, según la empresa, no utilizará cianuro, ácido sulfúrico ni mercurio. Esa fue la base técnica que convenció a los senadores.

Pero la minería del cobre, tal como documentan centros de investigación ambiental internacionales como Envieonment America, es una de las actividades extractivas más contaminantes del mundo, incluso en sus versiones “limpias”.

Daños inmediatos y a largo plazo

• La minería a cielo abierto —modalidad predominante para este mineral— implica pozos gigantes, uso de explosivos y remoción masiva de suelo y roca.
• La extracción de sulfuros de cobre libera mercurio, plomo, sulfatos y PCB, todos elementos que contaminan cursos de agua y ponen en riesgo la salud humana.
• El procesamiento posterior (particularmente la fundición) expulsa dióxido de azufre, un químico que acidifica el suelo y agrava la contaminación del agua.
• La escoria de la fundición puede filtrar compuestos tóxicos incluso décadas después del cierre de una mina.

En un territorio como Mendoza, donde el agua es escasa y la Ley 7722 fue conquistada para protegerla, los riesgos no son una alarma abstracta: son una amenaza concreta.

Ley 7722: la guardiana del agua bajo ataque

La Ley 7722 prohíbe desde 2007 el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera y exige controles estrictos. No es un simple artículo jurídico: es un pacto social.

En 2019, cuando el gobierno intentó flexibilizarla, se produjo una de las protestas más multitudinarias de la historia provincial. El Ejecutivo tuvo que retroceder.

Hoy, el gobierno asegura que la ley “no se toca”. Pero habilita un proyecto que, para especialistas y organizaciones, es el inicio de un corredor minero que pretende instalarse por etapas.

El lobby minero: funcionarios, ferias internacionales y silencios

Mientras en Mendoza se repetía que “no había proyectos en carpeta”, el gobierno provincial desplegaba una estrategia discreta pero sistemática para atraer inversiones mineras.

Según reveló El editor de Mendoza, la gran promotora del llamado Hub Minero —una plataforma logística y de servicios orientada a la minería a gran escala— es Natalia Latorre, subsecretaria de Energía y Minería.

Latorre en Toronto: la política a 12.000 km del conflicto

En marzo de 2024, Latorre viajó a la megaconvención minera PDAC, en Canadá, donde mantuvo reuniones con al menos cinco corporaciones mineras:

• Josephith Resources
• Liex
• Minsud
• Glencore
• McEwen Mining

Empresas con historiales polémicos: desde proyectos cuestionados en Catamarca hasta accidentes fatales en minas de San Juan.

Allí se ofreció una “ventanilla única” para agilizar trámites, un mecanismo que —para ambientalistas y especialistas— puede debilitar los controles y facilitar la aprobación de proyectos resistidos socialmente.

La discreción fue tal que ni siquiera se difundieron públicamente los acuerdos ni se brindaron detalles al regreso.

La narrativa que emerge es clara: funcionarios que, lejos del escrutinio ciudadano, actúan como promotores de las corporaciones mineras. El parentesco entre Natalia Latorre y la ministra de Gobierno, Jimena Latorre, alimenta sospechas de un círculo cerrado de poder.

La caravana por el agua: el pueblo vuelve a decir “no”

Mientras los senadores discutían el futuro ambiental de la provincia, miles de personas avanzaban por las rutas desde Uspallata hacia la capital.
Participan asambleas por el agua, vecinos autoconvocados, organizaciones sociales, comunidades originarias y familias enteras.

El nombre de la marcha lo dice todo: “Nueva Gesta Libertadora por el Agua”.

El reclamo tiene un centro: que el Senado rechace el proyecto San Jorge / Cobre Mendocino, que ya había conseguido media sanción en Diputados y que significa, para gran parte de la sociedad, un quiebre en el consenso ambiental mendocino.

No es solo una protesta. Es una batalla por la memoria de 2011, cuando el propio proyecto San Jorge fue rechazado, y por las luchas de 2007, 2019 y tantas otras en defensa del agua.

¿Qué está en disputa realmente?

Mendoza vive una paradoja cruda: mientras la crisis climática profundiza la escasez hídrica, el gobierno apuesta a una actividad que consume agua, genera pasivos ambientales y opera a largo plazo.
La promesa de empleo y divisas contrasta con la falta de información clara, la opacidad de las tratativas internacionales y un antecedente histórico: donde hubo minería metalífera a gran escala, hubo contaminación.

La tensión es entre dos modelos:

• Un modelo extractivo, que busca convertir a Mendoza en un polo minero sin garantizar salvaguardas reales.
• Un modelo de defensa del agua, basado en la participación social, la protección de los bienes comunes y la memoria colectiva.

Conclusión: la democracia en disputa

La aprobación de la DIA del proyecto Cobre Mendocino no es un acto administrativo más. Es un capítulo dentro de una disputa estructural entre ciudadanía organizada y poderes económicos con aliados en el Estado.

Hoy Mendoza vuelve a mostrar que la democracia no se ejerce solo en las urnas, sino también en las calles, en las asambleas y en cada gesto de defensa del agua.

Lo que ocurra en los próximos días definirá no solo el futuro de un proyecto minero, sino el rumbo ambiental, político y social de toda una provincia.