«Les vamos a robar la motosierra y le vamos a cortar las cabezas a ellos»

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Más de 57.500 contratos de trabajadores públicos en Argentina vencerán el 31 de diciembre, lo que generó fuertes críticas por parte de ATE. El sindicato exige la renovación de estos contratos y la incorporación de trabajadores aprobados en el Sistema de Evaluación Pública, mientras denuncia que más de 20.000 empleados fueron despedidos ilegalmente desde la llegada de Javier Milei al poder. Ante esta situación, ATE prometió medidas de protesta si no se revierten los despidos.

El 31 de diciembre, más de 57.500 contratos de trabajadores del sector público en Argentina vencerán, lo que generó una fuerte reacción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El sindicato exige la renovación de estos vínculos laborales por al menos un año y la regularización de miles de empleados precarios en el Estado.

Los reclamos de ATE ante los despidos masivos

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, expresó que el Gobierno debe garantizar la continuidad de los contratos que vencen y poner fin a la “reprecarización laboral” en la administración pública. Aseguró que, de no resolverse la situación, la respuesta de los trabajadores será contundente. “Les vamos a robar la motosierra y le vamos a cortar las cabezas a ellos”, advirtió, haciendo alusión a las medidas de protesta que se implementarán si no se revierte la decisión gubernamental.

Además, Aguiar pidió la incorporación de los trabajadores que aprobaron los exámenes del Sistema de Evaluación Pública, señalando que en el 96% de los casos los empleados pasaron los exámenes en primera instancia.

El impacto de los despidos en el empleo público

El gremio también denunció que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, más de 20.000 trabajadores fueron despedidos de manera ilegal de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada. En este contexto, ATE exigió la reincorporación de estos empleados y el cese de nuevas bajas.

Los últimos anuncios de despidos apuntan a diversas áreas del sector público. En el Ministerio de Justicia, el Gobierno prevé la cesantía de más de 2.400 trabajadores debido a la finalización de un convenio con el ente cooperador ACARA. También se comunicó la reducción de personal en la Defensoría del Público, con 104 despidos, y en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), con más de 50 empleados afectados.

Propuestas para el futuro

Frente a esta situación, ATE exige no solo la renovación de los contratos y la estabilidad laboral, sino también un aumento en el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones del sector público. El sindicato se comprometió a seguir luchando por la defensa del empleo estatal, el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad, mientras se acerque el año 2025.