La vocal del sector pasivo del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) de Chubut, Rosa Contreras, Dialogó con FM EL CHUBUT y criticó el decreto 1965/2024 firmado por el gobernador Ignacio Torres, que establece que los empleados públicos en condiciones de jubilarse inicien los trámites en un plazo de 10 días. Es «un retroceso», declaró.
La medida enfrenta «varios problemas prácticos y legales», señaló. Uno de los principales es la demora en la emisión de certificaciones de servicios, especialmente en el ámbito del Ministerio de Educación. Según la vocal, estas certificaciones pueden tardar más de un año, imposibilitando a los trabajadores cumplir con los plazos establecidos.
«En 2020, cuando se intentó algo similar, nadie pudo jubilarse porque las estructuras administrativas no estaban preparadas», señaló.
IMPACTO
Otro punto crítico es el impacto económico sobre los trabajadores. Contreras advirtió que muchos no podrán acceder al 82% móvil, ya que este beneficio requiere 30 años de aportes exclusivamente en la provincia. «El decreto no contempla la situación de empleados que aportaron en otros distritos o en el sistema nacional, lo que podría reducir significativamente sus haberes jubilatorios», explicó.
Además, subrayó que trasladar empleados al sistema previsional del ISSyS podría agravar la situación financiera de la institución, que ya enfrenta importantes deudas por parte del Estado Provincial.
INTENCIÓN
Contreras también cuestionó la falta de consulta previa al ISSyS y la ausencia de datos precisos sobre la cantidad de empleados alcanzados por el decreto. «Esto parece más una intención política que una medida razonada», opinó.
Finalmente, lamentó que, pese a las promesas del gobierno de judicializar el impuesto a las ganancias, los jubilados provinciales continúan pagando este tributo, mientras que en otras provincias, como Santa Cruz y Neuquén, se adoptaron medidas para eximirlos, beneficiando la economía local.
El Chubut
